Uber demandaría a Colombia por supuesta violación al TLC con EE. UU.

La multinacional Uber envió una notificación al gobierno colombiano sobre su intención de adelantar un millonario pleito internacional tras la decisión del Gobierno de bloquear la plataforma de la empresa en el país, informó la W Radio.

 

El documento, que ya está en poder del presidente Iván Duque, asegura que, con dicha decisión, Colombia viola el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

 

Precisa el documento que Uber es una empresa organizada bajo las leyes del Estado de Delaware (Estados Unidos) que ha realizado varias inversiones en Colombia y que Uber Colombia, organizada bajo las leyes de Colombia, es una subsidiaria de Uber: “En consecuencia, Uber es un inversor protegido de los Estados Unidos y Uber Colombia es una empresa protegida en virtud del Tratado”.

 

Para la compañía, la decisión no solo es considerada como arbitraria sino también impulsada por presiones políticas: “Las medidas arbitrarias y discriminatorias de la República contra Uber han sido tomadas ante la presión política de los intereses nacionales para que la República prohíba a Uber en Colombia y anule las inversiones de Uber”.

 

También denuncia que la orden fue emitida bajo circunstancias cuestionables en el contexto de una citación legal que ha prescrito, fue publicada el último día del calendario judicial en Colombia con la aparente intención de impedir su revisión inmediata en apelación. Así, advierte Uber que debido a que la orden tuvo efecto inmediato, ha frustrado sustancialmente sus operaciones comerciales en Colombia.

 

Además, en un aparente esfuerzo concertado contra Uber, la orden de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) fue precedida por una que la Superintendencia de Transporte impuso a Uber Colombia en un tiempo récord unos minutos antes, sin siquiera brindarle a Uber Colombia la oportunidad de revisar las quejas que supuestamente llevaron a la sanción.

 

Agrega que, en contraste, otras compañías y terceros países que ofrecen formas similares en Colombia no han sido sometidas al mismo tratamiento y continúan operando sin interferencia similar.

 

Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado, explicó en Caracol

Radio, que Uber presentó una carta de intención, que es una etapa de pre litigio antes de que se proceda a presentar una demanda. Esa etapa, según comentó, dura seis meses.

 

Manifestó que no se trata de discutir la normatividad de la aplicación en el país, sino si el Estado cumple con parámetros de la inversión. Además “si Colombia incurrió o no el trato justo y equitativo o si se produjo expropiación”.

 

“Esos acuerdos se pueden lograr siempre y cuando no vulnere las leyes colombianas (…) Nos sentaremos con Uber para discutir, no como funciona, sino la violación o no del Tratado de Libre Comercio”, manifestó.

 

Gómez fue enfático en mencionar que el TLC protege las inversiones, pero que parte de ello es que los inversionistas cumplan las leyes del país.