Semana crucial para la reforma tributaria

Una verdadera polémica hubo en torno a la reforma tributaria presentada por el gobierno, una vez que los representantes de los diferentes sectores empresariales manifestaran su desacuerdo con algunos puntos de la propuesta. Sin embargo, el viernes se llegó a una concertación en cuanto al tema de la prolongación del impuesto al patrimonio, llamado ahora impuesto a la riqueza.

El preacuerdo alcanzado entre ambas partes estaría centrado en ese tema, en el que los puntos clave discutidos tienen que ver con una reducción de la tarifa del impuesto a la riqueza, con lo que podría bajar incluso a una tercera parte del planteamiento original, y el compromiso de que el año entrante haya una reforma estructural.

Este martes se espera una reunión entre técnicos del Ministerio de Hacienda y el comité del Consejo Gremial Nacional, además se darán cita los especialistas de esa cartera y de la Dian con el ministro Mauricio Cárdenas. También habría una reunión extraordinaria del CGN, con el fin de avalar lo nuevo que se acuerde sobre la iniciativa tributaria, y un encuentro entre el Ministro de Hacienda y las comisiones del Congreso, para informarlas sobre los detalles del consenso logrado con los empresarios.

La ponencia debe ser radicada antes de la medianoche, se anunciaría el miércoles en el Congreso y se debatiría el jueves. Entre los ponentes de la reforma tributaria están Alejandro Chacón, por la Cámara de Representantes, y Rodrigo Villalba, por el Senado de la República.

Otro punto sobre el cual ya debe haber consenso es el tiempo de la aplicación del impuesto al patrimonio, pues el CGN acepta que solo se aplique por un año, el tiempo necesario para arreglar el déficit, y luego se haga una reforma integral del sistema tributario. Por el contrario, la iniciativa del Gobierno era que se aplicara por cuatro años.

Otro tema de discusión es la extensión del gravamen a las transacciones financieras o 4 por 1.000, y al que los empresarios, especialmente del sector financiero, se oponen porque consideran que desincentiva las operaciones.

Además, el gobierno quiere que la reforma tenga una vigencia de cuatro años, mientras que los empresarios piden una vigencia de solo un año.

El gobierno busca recaudar con esta reforma 53 billones de pesos en los próximos cuatro años, para reemplazar recursos de impuestos que expiran a finales de este año. Sin embargo, no incorpora el faltante que dejarían los bajos precios del petróleo ni su impacto sobre la economía.

Expertos tributaristas consideran que la reforma impactará el ahorro de personas y empresas, ya que, en teoría, las personas naturales tributan sobre el interés real (descontando la inflación), pero la retención se les aplica sobre el interés bruto, es decir, sin descontar el IPC. A esto se suma que la renta presuntiva supone una rentabilidad real del ahorro del 3 por ciento anual, cuando en la práctica es imposible obtener una rentabilidad real superior al 1 por ciento anual por las bajas tasas de interés.

El impuesto a la riqueza implica un gravamen que puede fluctuar entre el 30 y el 102% del rendimiento real que perciba una persona natural con patrimonio entre 1.000 millones y 5.000 millones de pesos.