SECTOR EMPRESARIAL DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA EN EL PAÍS

El sector empresarial de Colombia, a través de sus departamentos legales y recurso humano especializado en derecho, tiene es sus manos la posibilidad de cambiar algunas realidades en Colombia. El conocimiento de esta fuerza laboral puede significar la solución para aquellos que no tienen la capacidad de pagar por servicios legales o, simplemente, no tienen acceso a ellos.

El acceso a la justicia ha devenido un elemento crucial en el trabajo de protección de los derechos humanos en diferentes contextos del país, así como un área de importancia primordial para jueces y abogados dedicados a promover el estado de derecho y los derechos humanos.

Panorama

Durante el tercer trimestre de 2020 (julio – septiembre), la creación de empresas en Colombia volvió a terreno positivo tras los embates de la pandemia por COVID-19, al incrementarse en 2,9 % en relación con el mismo periodo del año anterior. La creación de nuevas empresas pasó de 82.371 unidades entre julio y septiembre de 2019 a 84.724 en ese mismo periodo de 2020, según Confecámaras. Este crecimiento se traduce en más fuerza laboral especializada, capaz de aportar a las debilidades del sistema nacional en todas sus vertientes.

A pesar de su importancia, el acceso a recursos efectivos se ve impedido por una serie de obstáculos que adquieren una dimensión particular cuando se trata de abusos de derechos humanos directos o indirectos por parte de empresas u otros actores. También en el contexto de otras realidades. En el ranking de impunidad, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla, Colombia ocupa el octavo lugar entre 59 países medidos. Esta situación se da por varios motivos, uno de ellos, los obstáculos que impiden a las personas llevar sus conflictos a la justicia formal en condiciones de igualdad.

Oportunidades

Ante esta situación, han sido varias las iniciativas que buscan eliminar las barreras de acceso a la justicia. En este sentido y en concreto, el trabajo pro bono reúne a dos sectores que usualmente no tienen espacios para trabajar en conjunto: los abogados del sector privado y la población vulnerable. Esta sinergia permite a los abogados del sector privado- impulsado por las grandes y medianas empresas) tener un acercamiento con realidades diferentes a las que usualmente atienden, pudiendo aportar desde su profesión a la construcción de un país en el que el acceso a la justicia sea una realidad para todos.

Ana María Arboleda, directora de Fundación ProBono Colombia, organización sin fines de lucro que desde 2009 se encarga de dar acompañamiento jurídico gratuito a personas que no tienen la posibilidad de pagar por ello, explica que en un país como Colombia, que tiene tantas barreras de acceso a la justicia, el trabajo de los abogados es fundamental y aquí la promoción de iniciativas por parte del sector empresarial resulta determinante en aras de lograr el objetivo.

“Ellos tienen la posibilidad de hacer trabajo probono, es decir, prestar servicios legales de manera voluntaria y gratuita a quienes no cuentan con recurso y están en condición de vulnerabilidad. Esta es la manera de materializar el ejercicio socialmente responsable de nuestra profesión de abogados”.

Probono no solo significa llevar una representación judicial a cabo, asegura la experta, hay muchas maneras de hacerlo: litigios estratégicos, apoyo a emprendimientos sociales, a población vulnerable, a víctimas y migrantes, inclusive apoyo a organizaciones sociales.

Las personas de escasos recursos económicos, que necesiten un abogado y quieran contactar a la fundación ProBono Colombia pueden encontrar toda la información en la página web: https://probono.org.co/solicita-un-abogado/.

Allí deben diligencias un formulario y uno de los abogados de la Fundación los llamará para entender en qué consiste el caso y revisar si cumplen con el perfil de cliente pro bono.