Pymes comprometidas con el uso de madera legal

El 42% de la madera que se produce en Colombia tienen un origen ilegal. El problema radica en que no es fácil saber si la madera es producida de manera sostenible, porque a pesar de que existen salvoconductos que el Estado exige a los productores, el comercio ilegal va en paralelo con la tala de árboles.

Por eso, empresas de todos los sectores, entre ellas las Pyme, han conformado El Pacto Intersectorial por la Madera Legal, y alrededor de esta unión crean espacios para hacer uso sostenible de este recurso natural que de una u otra manera es usado en todas las actividades humanas y empresariales.

El pacto incluye acciones como ruedas de negocios, en las que se espera conectar a las compañías de diferentes tamaños y actividades para que se puedan ahorrar los costos de intermediación, y de esta manera hacer rentable este esquema de mercado pensando en el cuidado del medio ambiente y en la legalidad.

Antes de las ruedas de negocios, los productores de madera sostenible no tenían contacto con los compradores. Este tipo de eventos creó un espacio para que se encontraran la oferta y la demanda, promoviendo así la producción y comercialización de productos forestales sostenibles en el país y reduciendo el impacto a los ecosistemas y la afectación de los grupos involucrados en la cadena de valor forestal.

Es un evento que ha tomado fuerza en Colombia, pues en 2012 se negociaron US$160.000 en madera legal, y en 2013 se alcanzaron los US$3,2 millones, es decir, un aumento del 1.900%. Adicionalmente, en la cuarta versión de este evento, que se realizó el miércoles pasado, se esperaba superar los US$6 millones para el final de la jornada.

El incremento de las negociaciones en los últimos años es una muestra clara de que están creciendo el interés y la participación en los negocios forestales de madera legal proveniente de fuentes sostenibles, como una estrategia para mitigar la producción ilegal de productos forestales. Este tipo de iniciativas son relevantes para un país como Colombia, cuya tasa de deforestación es de aproximadamente 300.000 hectáreas anuales, lo que equivale a un territorio del tamaño de Risaralda, y cuya biodiversidad depende del mantenimiento de sus bosques.

Para la WWF Colombia, entidad que ha estado al frente de las ruedas de negocio y del pacto, el problema se debe a que los orígenes de la actual regulación forestal se remontan a más de cincuenta años atrás, y no existe un régimen forestal unificado. En su lugar hay una pluralidad de fuentes jurídicas que regulan el tema, lo que hace difícil su interpretación y aplicación.

En 2006 se expidió la ley que pretendía establecer el Régimen Forestal Nacional, pero la Corte Constitucional la tumbó por no haber sido consultada con las comunidades indígenas. Además de eso los ambientalistas criticaron la ley por considerarla menos proteccionista que la regulación anterior. Por ejemplo, eliminaba la guía de transporte para movilizar madera, uno de los documentos que ayudan a controlar que la madera que circula provenga de bosques legalmente destinados para eso.