Los impuestos y las Pyme

Esta semana el Gobierno presentará al Congreso la propuesta para aumentar el impuesto al patrimonio 75 puntos base a una tasa del 2,25%, y extender el gravamen a las transacciones financieras conocido como 4×1000. El objetivo es recaudar $12,5 billones adicionales a partir del próximo año.

Según el Gobierno la medida logrará que los colombianos más acaudalados paguen un poco más de impuestos. Pero lo cierto es que el impuesto al patrimonio ahora lo tendrán que pagar empresas y personas con activos iguales o superiores a $750 millones, lo que involucra a un buen número de las Pyme colombianas.

El ministro de Hacienda recalcó ante diferentes medios, que los colombianos y empresas que tengan capitales en el exterior tendrán que pagar impuestos, y dijo que aún no se ha tomado una decisión para subir el gravamen a las ventas que pagan los consumidores en sus compras. Además, dejó la puerta abierta a la posibilidad de incluir nuevos tributos si el país lo llegase a necesitar.

La medida afecta directamente a las Pyme, por lo que el anuncio no cayó bien entre los empresarios. Actualmente los únicos que pagan ese tributo, que está por el 1,5%, son los nacionales con propiedades que suman más de $1.000 millones. Pero de ser aprobada la iniciativa, la base de quienes paguen será más amplia y tanto las personas naturales como las empresas, tendrán que pagar el 2,25% de impuesto.

De acuerdo a analistas este incremento golpea la inversión en el país, lo que resulta contraproducente, pues si Colombia quiere participar en el mercado mundial, debe atraer inversionistas, y con estas medidas va a alejar a los inversionistas.

Representantes del sector industrial aseguran que es un golpe a la productividad, que se perderán empleos y se frenará la contratación, y el crecimiento que se proyectaba en ventas se verá perdido por el pago a la DIAN. En la práctica, el dinero que irá a parar a los impuestos se tendrá que sacar de algún lado y lo más seguro es que ese cargo se lo trasladen al consumidor final, quien en últimas es el que termina cargando con los gravámenes, afectando además la labor industrial.

Por su parte, la Andi, el gremio que representa a industriales y empresarios, habló de la necesidad que hay que sentarse a hablar con el Ministerio de Hacienda para llegar a un común acuerdo antes de presentar la nueva reforma. Hay que saber qué es lo que quiere el Gobierno, ya que eso no está muy bien definido. Además se proponen otras formas de enfrentar el déficit, como con el aumento del recaudo, el control a la evasión y la ampliación de la base.

Desde el punto de vista de las medidas para poder obtener los recursos que se requieren para reducir el déficit fiscal, la ampliación de la base patrimonial es una de ellas, no obstante, el hecho de proyectar esa ampliación hacia las Pyme con los nuevos niveles a los que se les aplicaría, afecta la competitividad.

Este riesgo implica una menor participación de las empresas en el mercado nacional y el internacional.