Ley 590 de 2000 se quedó corta para impulsar las Mipyme

Empresarios y académicos aseguran que los recursos disponibles para el fomento a las Mipyme resultan ?muy pobres? y que a pesar de los beneficios, es necesario desarrollar nuevos instrumentos de apoyo.

Si bien la Ley 590 de 2000 – Ley Mipyme – ha significado algunos avances para el sector, aún hay muchos retos y tareas por cumplir en la misión de brindar un apoyo más decidido a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del país.

Tanto Acopi como expertos de Bioinnova y de las universidades de la Salle y del Rosario ven necesaria la creación de nuevas herramientas para el desarrollo regional, uno de los talones de Aquiles de la normatividad, que requiere seguimiento, evaluación y correctivos.

De acuerdo con los empresarios asociados al gremio, si se comparan los 203.117 millones de pesos disponibles para fomento a través de INNpulsa Mipyme en 2015, con las 2.926.731 Mipymes registradas por Confecámaras, estos dineros resultan muy pocos. ?Al parecer, no se considera que más del 83% de las empresas colombianas son microempresas que necesitan permanentemente recursos no reembolsables para su desarrollo?, afirma Rosmery Quintero, presidente del gremio.

Bajo este panorama, tanto el sector productivo como la academia hacen un llamado al desarrollo de capacidades en las regiones a través de los gremios y a potenciar las exportaciones creando un fondo de fomento para la adquisición de maquinaria, condicionado a que se condone la deuda o una parte de ella a las Mipymes que cumplan las metas de exportación o algunos indicadores de impacto.

Así mismo, los empresarios sostienen que el fortalecimiento de la incidencia en las regiones no sólo es posible generando mayores capacidades, sino partiendo del diseño de convocatorias especiales. ?Es necesario considerar las necesidades propias de las regiones o de los segmentos, para hacer una distribución equilibrada del presupuesto, haciendo énfasis en los más pequeños y rezagados?, dice Quintero.

De igual forma, resaltó la importancia de que haya más agilidad en la evaluación de los proyectos presentados a las convocatorias y de una retroalimentación de los que no cumplen técnicamente, así como de una mayor disponibilidad de recursos anuales.

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