Hacienda busca recursos en las Pyme para para tapar hueco fiscal
Para el Gobierno, el problema de la evasión tributaria le está dejando un hueco anual en el fisco de aproximadamente $70 billones, y aunque aún no ha sido posible considerar el no pago de impuestos como un delito, esta vez el Gobierno buscará abrir un debate en el Congreso con dos propuestas. La primera, aplicar un gravamen adicional de normalización a quienes tengan activos omitidos, y la segunda, dar hasta nueve años de cárcel a quienes escondan activos mayores a $8.000 millones o reporten pasivos inexistentes por un monto igual o superior a este.
La semana pasada, fue radicado el proyecto de ley que busca recursos por $12,5 billones anuales durante este cuatrienio mediante la prolongación del 4X1.000, el impuesto a la riqueza y la sobretasa al CREE, gravamen exclusivos para las empresas (incluidas las Pyme). En esta reforma tributaria, también se propone modificar el Código Penal para incluir un artículo que busca que el contribuyente que omita activos de manera dolosa afectando su pago de impuestos sobre renta (entre ellos el CREE), sea sancionado con pena de entre 48 a 108 meses de cárcel y multa del 20% del valor del activo omitido, del valor del activo declarado inexactamente o del pasivo inexistente.
Esta medida dejará de aplicarse en el momento en el que el contribuyente presente o corrija la declaración y realice los respectivos ajustes. Además, en la exposición de motivos del proyecto de ley, que ya está en las comisiones terceras del Congreso de la República, se argumenta que “la lesión a los intereses financieros del Estado es digna de protección, incluso a través del derecho penal”.
Según la propuesta, la Hacienda Pública requiere este blindaje, ya que las actuales condiciones solo le permiten al Estado hacer controles de tipo aleatorio para verificar si en realidad se están cumpliendo los deberes tributarios.
El proyecto advierte que las empresas son un eventual multiplicador de oportunidades de fraude, porque buena parte de los casos de criminalidad tributaria se hacen a través de complejas estructuras societarias. El Gobierno asegura que lo que se pretende es constituir un nuevo paradigma normativo contra la evasión y el fraude.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aclaró que como acción complementaria, el Gobierno busca tener un control más certero de los activos que tienen los colombianos en el exterior mediante la creación de una declaración de impuestos en la que se debe consignar todo lo que se posee.
Por otra parte, la DIAN se pronunció sobre la propuesta, diciendo que más allá del tema penal, se trata de dar una oportunidad para declarar activos no reportados, porque se ha encontrado que hay ciudadanos que no están declarando la totalidad de los activos en Colombia y en el exterior.
Para expertos en el tema, no resulta lógica la propuesta de agregarle al Código Penal más delitos cuando persiste la desconfianza en la justicia y sus administradores.