
Gobierno prepara medidas para enfrentar a violentos en paro del 21 de noviembre
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, informaron hoy que el Gobierno nacional continúa realizando, de manera coordinada, el análisis de cada uno de los riesgos y las motivaciones asociadas al paro anunciado para el próximo 21 de noviembre.
«El Presidente de República próximamente firmará un decreto que faculte a alcaldes y gobernadores para que tomen medidas como la restricción al porte de armas, medidas especiales para la movilidad y la movilización de los ciudadanos, uso y consumo de sustancias alcohólicas y si es necesario para que tomen medidas como el toque de queda, si las circunstancias así lo ameriten, previa coordinación con la Fuerza Pública», destacó la ministra del Interior.
«El cierre de fronteras está en análisis, está previsto para que esté cerrado el día 21 de noviembre», agregó.
Desmintió además, cada una de las afirmaciones y rechazó los falsos argumentos con los que se está llamando a la población para participar en las manifestaciones programadas para este jueves.
Por su parte el ministro de Defensa afirmó que, «continúa el proceso de coordinación de todas las instituciones del Estado para garantizar el derecho a las protestas pacífica y avanza el proceso para prevenir cualquier acto de vandalismo que se pretenda realizar durante las jornadas de movilización».
Así mismo, la Fiscalía designó un grupo de funcionarios asistentes e investigadores para atender cualquier irregularidad que se presente el próximo 21 de noviembre, informó Blu Radio.
El fiscal general de la nación encargado, Fabio Espitia dijo que en cada seccional han sido “designados 107 fiscales de los cuales un porcentaje son especializados y el otro tanto estarán en URI (Unidad de Reacción Inmediata), adelantaran actos urgentes y judicializaciones ante posibles conductas delictivas”.
Asimismo, la Fiscalía trabajará de la mano con la Policía para agilizar la recolección de información ante la judicialización de quienes están promoviendo dichas alteraciones al orden público. Hay que recordar que, por este tipo de hechos, ya hay una persona judicializada por lanzar una granada contra un local comercial durante la marcha del 31 de octubre en Bogotá.