Empresarios y comerciantes enfrentados por proyecto de pago a plazo justo

Una polémica se generó alrededor del proyecto de ley que propone el pago de las facturas en plazos justos y que es respaldada por gremios como Acopi y la Cámara de Comercio de Bogotá, pero rechazado por la Asociación Nacional de Empresarios (Andi).

 

Según la Cámara el proyecto es una medida que favorece a las micro, pequeñas y medianas empresas, por cuanto contribuye al flujo de caja de negocios, comercios y emprendimientos que integran más del 96% del tejido empresarial del país y de la ciudad.

 

El proyecto de ley 181 de 2019, que ya fue aprobado tanto en la comisión tercera de la Cámara de Representantes como en sesión plenaria y al que le restan dos debates en el Senado de la República, establece la obligación para los comerciantes y para las personas que ejerzan operaciones mercantiles de efectuar el pago de las obligaciones contractuales en un término no mayor a 45 días, calculados a partir de la fecha de recepción de las mercancías o terminación de la prestación de los servicios.

 

Al igual que en el país, en la estructura empresarial de la ciudad predominan las micro (88%) y pequeñas empresas (8%), para un total de 96%.

 

El más reciente estudio de causas de liquidación de empresas, realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá en 2018, concluyó que, en términos financieros, la falta de liquidez es el principal síntoma que precede el cierre de una empresa, ya que lleva a los empresarios a iniciar y mantener sus actividades con recursos propios o a endeudarse con altas tasas de interés.

 

En 2018, se liquidaron 23 mil empresas de Bogotá, situación que disminuye la capacidad productiva, destruye inversiones y puestos de trabajo formales, reduce los ingresos públicos y privados, además hace perder esfuerzos y experiencia de los emprendedores y limita las fuentes de empleo.

 

De otro lado, según los resultados de la Gran Encuesta a la Microempresa, realizada por Anif en el 2018, el acceso de las microempresas al crédito es inferior al 20%, su capacidad de ahorro es cercana al 30% y casi la mitad se mantiene por fuera del sistema financiero, lo que permite establecer que para el desarrollo de sus actividades dependen fundamentalmente del efectivo.

 

La demora en los pagos por servicios o bienes efectivamente prestados o suministrados se traduce en un obstáculo que impide el desarrollo de sus actividades y hace imposible el crecimiento de las empresas.

 

Para la Cámara de Comercio de Bogotá el proyecto de ley de pagos en plazos justos pretende eliminar las cargas que asumen las pequeñas y medianas empresas cuando al suscribir contratos con las grandes deben acoger el pago a 90 o 180 días. De hecho, el pago de sus facturas es, en la práctica, su capital de trabajo, la fuente de ingresos para mantener su actividad.

 

Por eso, la Cámara de Comercio de Bogotá considera que el proyecto de ley es pertinente y necesario para fortalecer la base empresarial e invita al Senado de la República a respaldar esta iniciativa legislativa.

 

No obstante, en la otra orilla está la Andi que asegura que el proyecto no atiende los intereses de todos los actores de la cadena, ni tiene en cuenta las implicaciones macro y microeconómicas que se derivan de un proyecto de esta naturaleza.

 

“Reiteramos que estamos dispuestos a trabajar en una propuesta conjunta que atienda los intereses de todos los agentes de la cadena, al tiempo que tenga en cuenta las implicaciones de orden jurídico y macroeconómicas que se deriven de un proyecto de esta naturaleza”, indicó el gremio.

 

También la Andi llamó la atención alrededor de las condiciones de desventaja que se vayan a generar para las empresas colombianas que ya tienen problemas para competir con las importaciones, a las que se les agregaría unas nuevas condiciones de desfavorabilidad.

Medidas regulatorias como las que se buscan implementar por medio del proyecto de ley pueden tener efectos contrarios al objetivo que persiguen, por eso es importante llevar a cabo el test de proporcionalidad que ha indicado para estos casos la Corte Constitucional.

“La presión financiera en las pequeñas y las microempresas está sobre el IVA ya que tienen que pagarlo a la Dian anticipadamente. Por una parte, proponemos un régimen especial por el cual quien pague el IVA no lo haga en forma anticipada. La otra propuesta es que se ponga a cargo de la entidad compradora de los servicios o bienes, el pago para que no tenga que financiarlo el emprendedor o la microempresa”, manifestó el gremio.

 

Establecer plazos de pago por ley generaría una distorsión artificial en la economía con graves consecuencias como la discriminación entre las empresas, el aumento de las importaciones con la afectación de la balanza comercial y cambiaria, concluyó.