Declaran nulidad absoluta en contrato Ruta del Sol II

Después de cuatro años el Tribunal de Arbitramento, que dirime las diferencias entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria de la Ruta del Sol II, declaró nulo el contrato y sus adiciones por los hechos de corrupción que empañaron su adjudicación.

 

Los tres árbitros, Catalina Hoyos, Carlos Mauricio González y Jorge Enrique Ibáñez, ordenaron al Estado pagar $211.273 millones a la Concesionaria Ruta del Sol II, de la cual son socios Odebrecht, Episol de Corficolombiana, y CSS Constructores. Con dicho dinero, la Concesionaria deberá pagar a los terceros de buena fe. Es importante decir que  la cifra es inferior a las pretensiones que ascendían a $2,7 billones, informó el diario La República.

 

En el fallo los árbitros se abstuvieron de condenar a la Concesionaria Ruta del Sol a pago de perjuicios a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura por las medidas cautelares. Además, declararon la nulidad absoluta al contrato de concesión celebrado entre, en su momento, Instituto Nacional de Concesiones, hoy Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesionaria Ruta del Sol S.A. por “causas ilícitas y por haber sido celebrado con abuso y desviación de poder”.

 

Según el Tribunal para ejecutar esta decisión la Agencia Nacional de Infraestructura debe disponer de los recursos que se encuentran en el patrimonio autónomo de Fideicomiso Ruta del Sol sector II que en este momento se encuentra administrado por la Fiduciaria Corficolombiana. La fiducia tiene alrededor de $187.056 millones. Además, deben adicionar los rendimientos hasta el momento de retiro.

 

El dinero del que habla el Tribunal se utilizará para pagar las deudas con terceros de buena fe, es decir, los bancos. Luego de que se hayan utilizado los recursos de la fiducia la Agencia Nacional de Infraestructura deberá disponerse a pagar $24.217 millones o el saldo faltante.

 

“Se negaron pretensiones por $2,7 billones, este es un laudo a favor del Estado colombiano”, aseguró Iván Darío Gómez, procurador delegado para la Conciliación. Según expertos en el caso, este valor establecido en el laudo, es decir $211.000 millones, es adicional al monto que ya se había reconocido y pagado a los bancos por un valor de $1,4 billones, por lo tanto, el valor real total de la liquidación reconocida es de $1,63 billones.